El Iceberg de la Inversión Pública en el Perú: Más de S/ 7,700 Millones Gastados en Estudios de Proyectos Atrapados en el Tiempo

Más allá de las 2,262 obras formalmente paralizadas advertidas por la CGR a junio 2026, el sistema INVIERTE.PE alberga 75,873 proyectos con más de 4 años de antigüedad por un valor conjunto de S/ 457,044 millones. De ellos, el Estado ya devengó más de S/ 7,744 millones únicamente en consultorías de preinversión y expedientes técnicos que hoy permanecen en el limbo físico. Al superar los 4 años, la totalidad de esta cartera ha rebasado la vigencia máxima de tres (03) años estipulada en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 del MEF, quedando formalmente desactualizada y expuesta a millonarios sobrecostos de reformulación. En un contexto de estrechez fiscal y urgencia por cerrar brechas sociales, resulta imperativo sincerar el banco de inversiones, dar de baja proyectos inviables e implementar esquemas integrados de diseño y construcción antes del recambio de autoridades subnacionales.

(colaboraccion.pe. Lima, Perú, 01 de octubre de 2026). junio de 2026, la Contraloría General de la República (CGR) reportó la existencia de 2,262 obras públicas paralizadas a nivel nacional, que comprometen un costo actualizado superior a los S/ 36,000 millones. Si bien este balance genera honda preocupación institucional, representa únicamente la superficie visible de una crisis sistémica mucho más profunda.   

Al analizar la base de datos oficial del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), emerge un fenómeno silencioso de gigantescas proporciones: decenas de miles de inversiones con más de 4 años de antigüedad que figuran formalmente en condición de ‘abiertas’, pero que se hallan varadas entre la formulación de estudios y una ejecución física marginal. Este informe examina esta cartera estancada a partir de la data oficial de Invierte.pe y cuantifica el inmenso costo fiscal que el Estado ha desembolsado a consultores y terceros en documentos técnicos que hoy corren severo riesgo de caducidad.

Dimensionamiento de la Cartera Estancada (Antigüedad ≥ 4 Años)

El análisis clasifica los proyectos abiertos con antigüedad de 4 a 9 años según su estado en el ciclo de inversión:

Hallazgos específicos por categoría técnica:

• Proyectos con Expediente Técnico (Tabla N° 6): Reúne 55,870 CUI por más de S/ 272,981 millones. De ellos, 17,748 proyectos (S/ 121,716 millones) registran un avance físico de entre 0% y 20%. Es decir, pese a tener estudios definitivos culminados hace 4 a 9 años, casi no han sido intervenidos físicamente. Asimismo, 29,738 proyectos con avance aparente superior al 80% (S/ 85,525 millones) permanecen abiertos sin ser liquidados ni transferidos formalmente.

• Proyectos varados en Preinversión Viable (Tabla N° 8): Abarca 20,003 CUI valorizados en S/ 184,062 millones. El 70.3% del total (14,057 proyectos) se encuentra con un avance del 0% al 20%, comprometiendo S/ 179,395 millones. Son iniciativas viabilizadas entre 2017 y 2022 que jamás llegaron a contratar o aprobar un expediente técnico.

Cuantificación del Gasto Hundido en Consultorías y Estudios Técnicos

Para dimensionar el gasto presupuestal directo en el que ha incurrido el Estado (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales) por conceptos de consultoría externa, formulación y gastos generales a terceros, se aplican los parámetros paramétricos estándar del ciclo de proyectos en el Perú:

• Costo de Formulación del Estudio de Preinversión: Estimado en 0.5% del monto de inversión.

• Costo de Elaboración del Expediente Técnico (Ingeniería de Detalle): Estimado en 2.0% del monto de inversión (acumulando 2.5% junto con la preinversión).

Reflexión Crítica: La “Fábrica de Estudios” y el Costo de la Inacción

• La caducidad legal y técnica bajo la Directiva del MEF: El marco normativo del Sistema Invierte.pe es taxativo respecto al límite de vida útil de los estudios. Conforme a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, tanto la declaración de viabilidad de los estudios de preinversión como la aprobación de los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años (Art. 27 y Art. 34.1). Transcurrido dicho plazo sin iniciar la elaboración del expediente o la ejecución física de la obra, la directiva exige la actualización obligatoria del estudio o del expediente a cargo de la UF o UEI respectiva.

Al contar toda esta cartera con más de cuatro (04) años de antigüedad (y hasta 9 años), el 100% de estos proyectos se encuentra legalmente vencido y técnicamente desfasado: sus costos unitarios de insumos no reflejan el mercado, las condiciones topográficas del terreno han cambiado y los marcos normativos (ambientales, sismorresistentes y de saneamiento) se han modificado. Por tanto, los más de S/ 5,459 millones gastados en expedientes técnicos de obras con más de 4 años de atraso y los S/ 920 millones en estudios de preinversión representan gasto muerto o en riesgo de pérdida total, pues licitarlos hoy exigirá contratar costosas consultorías de actualización o reformulación integral.

• Incentivos perversos en la gestión subnacional: Existe una distorsión institucional recurrente en gobiernos subnacionales y sectores: contratar la formulación de perfiles y expedientes permite mostrar ejecución presupuestal a corto plazo ante la ciudadanía y el MEF, aun cuando la entidad carece de viabilidad fiscal y capacidad de supervisión para licitar la obra física. Se ha creado una verdadera ‘fábrica de estudios’ que satura los archivos públicos sin generar infraestructura real.

• Distorsión de la Programación Multianual (PMI): Mantener 75,873 proyectos abiertos genera una ilusión de cartera y una falsa expectativa ciudadana. El banco de inversiones luce artificialmente robusto, pero oculta un déficit de absorción presupuestal y capacidad técnica que paraliza las decisiones estratégicas del Estado.

• El dramático costo de oportunidad social: S/ 7,744 millones dilapidados en consultorías sin servicio público equivalen al financiamiento total de más de 15 hospitales de alta complejidad completamente equipados, más de 120 colegios o redes integrales de agua y saneamiento para millones de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Propuestas de Solución

Para transformar esta cartera fantasma en proyectos útiles o sincerar las cuentas del Estado, proponemos una agenda de reformas operativas inmediatas:

a. Aplicación estricta de la caducidad normativa y ‘baja de oficio’ masiva en Invierte.pe: En estricto cumplimiento de los artículos 27 y 34 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, la DGPMI-MEF debe implementar un mecanismo automatizado de depuración técnica en el Banco de Inversiones. Aquellas inversiones que superen los tres (03) años de viabilidad sin expediente técnico aprobado, o cuyos expedientes técnicos tengan más de tres (03) años sin inicio de ejecución física y sin actualización justificada por la UF o UEI, deben ser dadas de baja de oficio mediante el Formato N° 09 (Registro de Cierre de Inversión), evitando que continúen distorsionando la Programación Multianual de Inversiones (PMI) y generando falsas expectativas sociales.

b. Auditoría técnica expedita para proyectos con expediente (0% – 20%): Evaluar mediante comités técnicos regionales qué proyectos de la Tabla 6 poseen condiciones reales de financiamiento y terreno libre para ser convocados bajo saldos actualizados, procediendo al cierre y liquidación contable de los inviables.

c. Migración hacia Modelos Contractuales Colaborativos (Fast-Track, NEC, FIDIC): Superar el esquema fragmentado tradicional de la Ley de Contrataciones donde primero se licita un expediente a un consultor y años después se busca un constructor. Debe promoverse el modelo ‘Diseño y Construcción’ integrado, reduciendo plazos, evitando la desactualización y alineando los incentivos de diseño y ejecución.

d. Apalancamiento mediante Obras por Impuestos (OxI) y APP: Reasignar aquellos proyectos viables que cuenten con interés empresarial hacia el mecanismo de Obras por Impuestos (Ley 29230) o Asociaciones Público-Privadas, aprovechando la agilidad del sector privado para actualizar la ingeniería y asegurar la continuidad de la obra hasta su puesta en servicio.