Lima Metropolitana está pagando todos los años un “impuesto invisible” por inseguridad ciudadana y vial que se traduce en vidas perdidas, lesiones graves y miles de millones de soles en costo social que podrían evitarse con una gestión más inteligente, integrada y basada en datos (INEI, 2024; SUSALUD, 2025). La evidencia muestra que hoy resulta más caro sostener la inercia que asumir el desafío de transformar la seguridad con inteligencia artificial y una gobernanza metropolitana moderna (IDB, 2025; Fair Trials, 2023).
(colaboraccion.pe – Lima, Perú, 27 de diciembre de 2025).
En 2024 se registraron más de 1,474
fallecidos y 11,501 heridos en Lima Metropolitana y Callao por hechos
vinculados a inseguridad ciudadana y siniestralidad vial, concentrados en áreas
urbanas densamente pobladas y zonas de alta conflictividad (SINADEF, 2025).
Estas cifras no son solo indicadores: representan familias fracturadas,
productividad perdida y una presión creciente sobre los sistemas de salud,
justicia y seguridad (SUSALUD, 2025).
Cuando se valoran estas muertes y lesiones usando el concepto de valor de la vida estadística (estimación monetaria del riesgo de fallecer usada en evaluación de políticas), estimado en S/ 3.10 millones por persona, y el parámetro internacional que considera el costo de una lesión grave como el 25% de ese valor, el costo social de la inseguridad en 2024 supera los S/ 13,482.68 millones solo en Lima y Callao (OSINERGMIN, 2020; iRAP, 2008). Esta cifra no incluye daños materiales ni pérdidas patrimoniales, por lo que el impacto real es todavía mayor y erosiona de forma sostenida el PBI nacional, la competitividad y la calidad de vida urbana (CAF, 2023).
A ello se suma un subregistro estructural: alrededor del 83.3% de los delitos no se denuncian ante la Policía Nacional, lo que configura una “cifra negra” que distorsiona el diagnóstico y limita la capacidad de diseñar políticas basadas en evidencia (INEI, 2024; Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, 2021). En paralelo, más del 80% de la población en Lima y Callao considera a la inseguridad como el principal problema de la ciudad, evidenciando una brecha entre la incidencia registrada y la vivida cotidianamente (INEI, 2025; La República, 2025).
El “impuesto invisible” de la inseguridad y la fragmentación institucional
Este contexto
configura un verdadero “impuesto invisible” de la inseguridad: Lima
y Callao “pagan” todos los años por muertes, lesiones y miedo, sin que este
costo se traduzca en mayor seguridad ni confianza ciudadana (América Sistemas,
2025). Una fracción de los recursos que hoy se pierden de manera desordenada
podrían financiar una solución estructural si se orientaran a un sistema
inteligente y metropolitano de seguridad ciudadana (MEF, 2025).
El problema se agrava por una fuerte fragmentación institucional y tecnológica: coexisten más de 40 municipalidades, múltiples comités y consejos de seguridad, más de 90 comisarías, más de 100 números telefónicos de Serenazgo y diversas aplicaciones de alerta que no conversan entre sí (INEI, 2025; América Sistemas, 2025). El análisis documental del equipo de COLABORACCION sobre esta arquitectura institucional muestra una gestión reactiva, duplicación de esfuerzos, baja interoperabilidad e infraestructura de videovigilancia subutilizada que no aprovecha el potencial de la analítica avanzada ni de la inteligencia artificial para prevención y respuesta temprana (Genetec, 2025; Intelion, 2025).
En términos simples, la ciudad está pagando muy caro un sistema fragmentado que no logra resultados proporcionales al esfuerzo financiero y humano desplegado (IDB, 2025; CAF, 2023). Este diagnóstico abre una ventana de oportunidad para pasar de respuestas dispersas a una seguridad ciudadana integrada, basada en datos, información, conocimiento e Inteligencia Artificial (IA), a escala metropolitana (IDB, 2025).
Un sistema integrado de seguridad ciudadana con IA para recuperar la ciudad
Frente a esta
realidad, el punto de partida es un diagnóstico territorial robusto basado en
datos integrados. La propuesta para Lima y Callao, resultado de un análisis de
fuentes oficiales, administrativas y georreferenciadas, articula datos de
DATACRIM, SINADEF, SUSALUD y SUTRAN para cuantificar fallecidos y heridos,
analizar patrones de movilidad y siniestros, y localizar zonas críticas de
riesgo delictivo y vial (DATACRIM, 2025; SINADEF, 2024; SUSALUD, 2025; SUTRAN,
2016–2024). Este enfoque metodológico ha permitido integrar información de más
de una docena de fuentes públicas en una única matriz geoespacial de análisis
(Esri, 2025).
El análisis geoespacial identifica distritos con alta concentración de víctimas, como San Juan de Lurigancho, Ate, Comas y Villa El Salvador en Lima, y Callao, Bellavista y Ventanilla en la provincia constitucional, donde coinciden homicidios, siniestros viales y excesos de velocidad (SINADEF, 2025; SUSALUD, 2025; Infobae, 2025). Mediante mapas de calor y análisis espacial se priorizan corredores viales, intersecciones y límites distritales donde la tecnología de videovigilancia y los patrullajes inteligentes pueden generar mayor impacto preventivo (Esri, 2025).
Sobre esta base se plantea un Sistema Integrado de Gestión de Seguridad Ciudadana con Inteligencia Artificial a escala metropolitana, concebido como una plataforma unificada que integre:
- Videovigilancia
masiva con cámaras fijas con analítica, PTZ multisensor y dispositivos LPR
para lectura de placas (Genetec, 2025; Intelion, 2025).
- Módulos
de analítica de video con IA para reconocimiento facial, detección de
comportamientos sospechosos, seguimiento de trayectorias y mapas de calor
predictivos (IREX, 2024; SAS, 2023).
- Sistemas
CAD-GIS [plataformas que integran despacho asistido por computadora con
información geográfica] para gestionar incidencias, priorizar recursos y
coordinar en tiempo real a serenazgos, PNP y servicios de salud (Esri,
2025).
- Integración con fuentes administrativas y OSINT (información de fuentes abiertas como medios y redes sociales) para enriquecer la inteligencia operativa y estratégica (SAS, 2023).
El dimensionamiento propuesto es de 26,411 puntos de videovigilancia y 94,521 cámaras inteligentes en Lima Metropolitana y Callao, distribuidas según patrones de siniestralidad, densidad poblacional y criticidad territorial. De este total, 76,244 son cámaras fijas con analítica de video, 17,591 son cámaras PTZ con cobertura de 360° y 686 son cámaras LPR orientadas al control vehicular y a la lucha contra delitos asociados a motos y vehículos.
Estos puntos se clasifican en límites distritales sobre avenidas y calles, avenidas principales, calles y pasajes, e intersecciones críticas, para lograr cobertura interjurisdiccional, control de flujo, patrullaje virtual y construcción de mapas de riesgo dinámicos (Esri, 2025). La arquitectura se alinea con experiencias internacionales donde plataformas integradas con IA han logrado reducciones sostenidas de delitos patrimoniales y mejoras en la respuesta ante crisis urbanas, como Medellín con gemelos digitales y centros de datos centralizados, San Nicolás en Argentina con reconocimiento facial y tableros IA, y Miraflores en el Perú con puntos de video vigilancia con analítica de video (Revista Seguridad y Defensa, 2025; Municipalidad de Miraflores, 2022).
Este tipo de solución exige una gobernanza robusta del dato y de la inteligencia artificial, basada en proporcionalidad, transparencia y rendición de cuentas (IDB, 2025). Diversos documentos enfatizan que el uso de IA en seguridad pública debe respetar derechos fundamentales, la protección de datos personales y marcos normativos como el GDPR en Europa y la Ley 29733 en el Perú, además de recomendaciones de organismos como el BID y Fair Trials (IDB, 2025; Fair Trials, 2023).
De costo social a
inversión estratégica: modelo económico y financiamiento
El núcleo económico de la propuesta consiste en transformar un costo social recurrente en una inversión planificada con retornos medibles (MEF, 2025). El costo social de la inseguridad ciudadana y vial en Lima Metropolitana y Callao se estimó en S/ 13,482.68 millones para 2024, considerando solo fallecidos y heridos, sin incorporar daños materiales ni pérdidas indirectas (SINADEF, 2025; SUSALUD, 2025; OSINERGMIN, 2020; iRAP, 2008). Sobre esta línea base, el modelo muestra que, si la intervención integrada con IA permite reducir gradualmente entre 10% y 25% ese costo anual en cinco años, el ahorro potencial acumulado asciende a S/ 12,808.54 millones (MEF, 2025; CAF, 2023).
Para hacerlo viable, se plantea un esquema mixto CAPEX, OPEX y Servicio gestionado bajo modalidad SaaS (Video Analytics as a Service), modelo donde la analítica de video se ofrece como servicio, donde el Estado asume el CAPEX de la infraestructura principal, dejando el OPEX y Servicio gestionado para que un operador especializado asuma la implementación, operación y actualización tecnológica, donde el Estado paga una tarifa económica por servicio con cargo al ahorro de costo social. El modelo contempla:
- Un CAPEX
estimado de S/ 1,250 millones, para Centro de Control y Planta
Externa, básicamente cámaras, equipamiento para Operadores, implementación
y capacitación.
- Un OPEX
anual de aproximadamente S/ 450 millones, que cubre SaaS, Licencias
de Software, Centro de Datos en territorio nacional, garantías, soporte,
administración, alquileres y seguros, vigencia tecnológica de hardware y
software; con horizonte de 5 años
- Un Servicio Gestionado, administración integral de funcionamiento, suministro de energía eléctrica, seguridad eléctrica, interconexión de banda ancha, seguridad informática, análisis de datos, explotación y análisis de datos, gestión de Software de inteligencia especializado y capacitación especializada; con horizonte de 5 años
El financiamiento se podría realizar mediante la Ley 29230, ejecutando el CAPEX de planta externa y Centro de Control y Monitoreo como inversión, y contratando el OPEX (software, conectividad, suministro eléctrico) como servicios, de manera que el aporte anual del Estado sea solo una fracción del costo social de 2024 en un horizonte de cinco años. De esta forma, se utiliza una fracción del costo social que la ciudad ya “paga” para financiar una solución estructural con alto impacto social y fiscal (CAF, 2023).
Los indicadores de evaluación social son contundentes: el proyecto muestra un Valor Actual Neto positivo y una Tasa Interna de Retorno superior al costo de oportunidad, lo que confirma su rentabilidad social tanto desde la perspectiva pública como privada (MEF, 2025; IDB, 2025; Morales et al., 2023). Los ratios de costo-beneficio por Punto de videovigilancia y por cámara de video inteligente, de S/ 2,552 y S/ 713 mensuales respectivamente son montos pequeños frente a los más de S/ 13,482 millones de costo social anual (MEF, 2025).
Gobernanza
metropolitana y convergencia institucional
El desafío es, en última instancia, político, institucional y cultural. Las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Gobierno Regional del Callao, el MEF, el MININTER y la Presidencia del Consejo de Ministros (2025), a través de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), tienen la oportunidad de liderar una agenda metropolitana de seguridad digital que supere la lógica distrital fragmentada y adopte una gobernanza colaborativa de la seguridad ciudadana apoyada en IA (IDB, 2025; CAF, 2023).
La SEGDI-PCM puede desempeñar un rol articulador clave en la interoperabilidad de plataformas, la estandarización de datos y la implementación de marcos de ciberseguridad y ética de la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad pública. Su participación garantizaría que la integración tecnológica se sustente en principios de transparencia, protección de datos y uso responsable de la IA, alineados con la Política Nacional de Transformación Digital y la infraestructura digital estatal.
La investigación del equipo de COLABORACCION ha identificado nudos críticos de la fragmentación y vías de convergencia institucional, demostrando que la integración tecnológica debe acompañarse de un rediseño de procesos y de una alineación de incentivos entre las diferentes jurisdicciones.
El sector privado, particularmente los operadores de telecomunicaciones y consorcios tecnológicos, cuenta con capacidades y modelos de negocio para participar bajo esquemas de Obras y Servicios por Impuesto y contratos de servicio gestionado (CAF, 2023). La ciudadanía, por su parte, puede desempeñar un rol clave exigiendo políticas basadas en evidencia, apoyando soluciones tecnológicas responsables y vigilando el respeto de derechos y la transparencia en el uso de datos (IDB, 2025).
Lima y Callao están en un punto de inflexión: seguir asumiendo pasivamente un costo social que se mide en miles de vidas y miles de millones de soles, o apostar por una seguridad ciudadana inteligente, interoperable y centrada en las personas, donde la inteligencia artificial no reemplace a las instituciones, sino que las fortalezca (IDB, 2025; Morales et al., 2023).
Acerca de los
autores:
Konnie Vidaurre Torres & Juan Huertas Angulo (2025) La inseguridad ciudadana en Lima Metropolitana es una crisis más costosa que un desastre natural: hacia una seguridad integral, inteligente y económicamente sostenible: https://colaboraccion.pe/blog/
Referencias
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